A pesar de pasar desapercibida, nuestra interacción diaria con la Administración Pública se enriquece con una serie de derechos y principios de los que no siempre se es consciente. El Derecho Administrativo se refiere al conjunto de normas, principios y regulaciones que rigen la organización, estructura y funcionamiento de la administración pública en el país. Es una rama del derecho público que se ocupa de regular las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, así como las relaciones entre los distintos órganos y entidades administrativas. En El Salvador, el Derecho Administrativo se encuentra principalmente regulado por la Constitución y la Ley de Procedimientos Administrativos, así como por otras diversas leyes y reglamentos que establecen los derechos y obligaciones de la administración pública y de los ciudadanos en sus relaciones con la misma.

La Administración Pública en nuestro ordenamiento jurídico está conformado por todo órgano que ejerce materialmente la función pública, según lo establece el artículo 2 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA). La función administrativa puede entenderse como la actividad estatal al servicio de los intereses generales que se lleva a cabo a través de potestades o habilitaciones -ciertamente limitadas- que la ley confiere a los órganos que realizan esta función. Por ejemplo, las ordenanzas municipales dan la potestad a las alcaldías de sancionar a través de multas en los casos que se incumplan reglas o normas municipales, con el fin de velar por los intereses de la municipalidad. 

Así mismo, en el marco jurídico del Derecho Administrativo salvadoreño se regula la contratación pública, estableciendo los principios y procedimientos que deben seguirse en los procesos de adquisición de bienes y servicios por parte de la administración pública. Se busca garantizar la transparencia, la competencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

La Ley de Compras Públicas de El Salvador establece el marco legal y los procedimientos que deben seguirse para realizar adquisiciones y contrataciones de bienes, obras y servicios por parte de las instituciones públicas en el país. El objetivo principal de esta ley es promover la transparencia, la competencia y la eficiencia en las compras públicas, garantizando el uso adecuado de los recursos estatales y la igualdad de oportunidades para los proveedores interesados en participar en los procesos de contratación del gobierno.

La ley establece diferentes procedimientos para llevar a cabo las adquisiciones públicas, como lo son las licitaciones públicas, concursos de precios y subastas electrónicas, entre otros. Estos procedimientos varían según el valor y la complejidad de la contratación. Se basan en principios fundamentales como la transparencia, la competencia, la igualdad, la economía, la eficiencia y la responsabilidad. La Dirección Nacional de Compras Públicas (DINAC) es el órgano encargado de regular y supervisar el sistema de compras públicas en El Salvador. La DINAC tiene la responsabilidad de establecer las políticas, normas y procedimientos para la contratación pública, así como de brindar capacitación y asistencia técnica a las instituciones públicas y proveedores. La ley establece la obligación de los proveedores interesados en participar en los procesos de contratación pública de registrarse en el Registro de Único de Proveedores del Estado (RUPES), administrado por la DINAC. El registro es necesario para que los proveedores puedan participar en las contrataciones públicas. Por último, la ley establece que los procesos de contratación deben ser transparentes y publicados en el Sistema Electrónico de Compras Públicas de El Salvador (COMPRASAL), una plataforma en línea que permite el acceso público a la información sobre las contrataciones públicas.