En El Salvador el proceso ejecutivo es aquel mediante el cual un acreedor (el demandante) busca obtener el pago forzoso de una deuda vencida por parte de un deudor (el demandado). La deuda debe constar en un título ejecutivo, que es un documento que acredita la existencia de una deuda líquida y exigible. Ejemplos de títulos ejecutivos son: la letra de cambio, el pagaré, una sentencia judicial o documentos públicos o privados autenticados donde se reconozca una deuda.

El proceso ejecutivo es más rápido y directo que el proceso común o bien llamado ordinario, ya que se utiliza cuando el deudor no cumple voluntariamente con sus obligaciones. Esto implica que el derecho a solicitar la ejecución tiene un contenido específico: el juez encargado, sin necesidad de citar ni escuchar previamente al deudor, debe ordenar la realización de las acciones ejecutivas establecidas por la ley.

Una vez vencido el plazo para cumplir con el pago de la obligación por parte del deudor y no habiendo este cumplido con ella, le nace el derecho al acreedor para presentar la demanda, ante el juez competente, que bien puede ser el del domicilio especial establecido en el título ejecutivo o, a falta de designación, en el del domicilio del demandado. Para ello, es necesario que el acreedor cuente con el título ejecutivo, 

Admitida la demanda, a efectos de evitar un alzamiento de bienes por la parte deudora, se decreta el embargo sobre bienes, ya sean estos muebles o inmuebles; y, es hasta una vez efectuado éste que el juez ordena la notificación al deudor, quien deberá comparecer en el plazo establecido para presentar sus defensas. El deudor tiene la oportunidad de oponerse a la demanda y presentar sus argumentos de descargo para demostrar el pago de la obligación reclamada o que existe alguna irregularidad en el proceso. Si el deudor no se opone o si la oposición no prospera, el juez procederá a dictar sentencia. El plazo para llegar a este punto puede ser de hasta 2 años. 

Luego de la sentencia, ante la falta de cumplimiento voluntario, le nace el derecho al acreedor de iniciar la fase final del proceso en el cual se busca la materialización del cobro ya sea mediante la realización de un remate o subasta pública de los bienes embargados o la adjudicación de los mismos. El plazo durante esta etapa varía según el tipo de bienes embargados, por lo que puede oscilar entre los 6 meses -luego de admitido el despacho de la ejecución- hasta años en lograr obtener el cumplimiento de la obligación.

El proceso ejecutivo debe seguir ciertos plazos y procedimientos para garantizar los derechos tanto del acreedor como del deudor. Es importante destacar que el proceso judicial puede variar según las circunstancias particulares de cada caso y que es recomendable contar con la asesoría de un abogado especializado en derecho civil y procesal en El Salvador para llevar a cabo un proceso ejecutivo de manera adecuada.