La empresa mercantil está constituida por un conjunto coordinado de elementos materiales y de valores incorpóreos, con el objeto de ofrecer al público, con ánimo de lucro y de manera sistemática, bienes o servicios.  Además, no pierde su carácter por la variación de sus elementos, ni por falta de establecimiento o asiento permanente.  Estas premisas son el punto de partida de nuestro Código de Comercio, precisamente para determinar el alcance y fortaleza de su existencia; por ello es muy relevante su comprensión e interpretación.  No obstante ser su naturaleza un bien mueble, la transmisión y gravámenes de sus elementos inmuebles deben regirse por las normas del derecho común, precisamente porque trasciende sus efectos jurídicos frente a terceros.

Toda transacción que involucre el concepto de una empresa, si no se excluyen parte de sus elementos esenciales, comprende: la clientela y fama mercantil, el nombre comercial y distintivos comerciales, contratos de arrendamiento, mobiliario y maquinaria, pasivos laborales, mercancías, créditos y demás bienes y valores similares, incluyendo el establecimiento, si lo tuviere; por ello la relevancia de tener claridad en su contexto.

Una empresa responde a su propia dinámica, precisamente porque depende de su giro comercial o negocio para concretar su resultado; por tal razón se hace necesario que los potenciales compradores evalúen sus proyecciones en términos de resarcir su inversión en los plazos estimados y poder crecer frente a la competencia, más aún con los avances tecnológicos que presenta el mercado y su entorno, ya que son variables que deben monitorearse con la frecuencia debida.

Debemos ser claros y precisos cuando hablamos del concepto de empresas mercantiles, por cuanto su connotación es formal e integral para asuntos de negocios, más aún cuando las normas jurídicas de nuestro país buscan la celeridad de un desarrollo sostenible y cumplir con el ordenamiento legal existente.

Habida cuenta del alcance de lo que constituye una empresa mercantil, debemos tomar en consideración que, previo a su adquisición, se recomendaría un due dilligence (proceso de debida diligencia), precisamente para conocer los detalles de la misma, su organización integral, operación administrativa, financiera, legal y fiscal para evaluar sus contingencias y así tener la certeza de la inversión de potenciales compradores; para ello es necesario la asesoría de una firma legal como la nuestra.