Entre los aspectos sobresalientes de la Ley se encuentra, el reconocimiento por parte del Estado salvadoreño del derecho humano al “agua” y “al saneamiento”, estableciéndose que la primera no podrá ser privatizada y buscándose asegurar la sustentabilidad ambiental tanto para las presentes como a las futuras generaciones.

Otro aspecto sobresaliente es la creación de la Autoridad Salvadoreña de Agua (ASA), encargada de regular la calidad del recurso hídrico, que estará conformada en su mayoría por representantes de distintos miembros del Órgano Ejecutivo.

Dentro de la Ley, además se establece que todo uso distinto al uso doméstico deberá contar con las autorizaciones correspondientes por parte de la ASA para su aprovechamiento; y por consiguiente también se desarrolla un régimen sancionatorio el cual estará a cargo de un Tribunal Sancionador, responsable de la determinación del tipo de infracciones cometidas por los particulares en contra de las disposiciones reguladas por la Ley.

En otras palabras, con la creación de la Ley se busca garantizar el derecho humano al agua para la población salvadoreña, mediante la optimización del recurso hídrico y creándose para ello la ASA.

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